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Para muchos de los
millones que vivimos en las grandes ciudades, el mundo se reduce a ellas, una
radiografía del olvido eterno en el que han estado sumidas las demás regiones.
La periferia, como mal se llama.
No se alcanza a vislumbrar
la magnitud de las numerosas tragedias en más de medio país, abandonado a su
suerte y copado por diferentes fuerzas delincuenciales que dominan.
La muestra más reciente es
el paro armado ordenado por el Clan del Golfo. Se afectó la vida en 11 departamentos,
incluidas varias capitales, hubo 24 homicidios y 309 hechos de violencia en 178
municipios. Un despliegue criminal que no contrarrestaron las fuerzas militares
por negligencia, desidia o connivencia con algunos de esos actores armados.
Este solo hecho asusta.
Entonces viene a la mente el reciente artículo de New York Times relatando la
violencia en el país, en el que queda sugerido que nos podemos convertir en un
México, donde existe un Estado paralelo a cargo del narcotráfico.
Mueve este grandes
economías ilegales y sostiene máquinas de guerra en diferentes regiones, arrasando
territorios y ciudadanos con actividades adicionales como la minería, la
extensión de la frontera agropecuaria y la deforestación.
Por donde se mire,
inmensas regiones no tienen Estado. En ellas las leyes son otras, los que
mandan no son elegidos popularmente. Y no siempre son lugares más alejados de
la gran ciudad. Un informe de Corpades y el portal de noticias Análisis Urbano reveló
cómo en el Oriente Cercano a Medellín, operan decenas de bandas en cada uno de
los municipios: “la presencia de las AGC, Clan Isaza, los llamados “Urbanos” en
otras palabras, la llegada de organizaciones del crimen urbano como la Oficina
del Valle de Aburrá, conocida como la Oficina de Envigado, además del accionar
de grupos urbano-rurales como Los Pamplona, Los Triana, El Mesa y otros grupos
ilegales…”
La reciente matanza de
civiles en Alto Remanso, Putumayo, en la que el Ejército supuestamente iba tras
cabecilla de los Comandos Bolivarianos de Frontera, redescubrió la terrible
guerra entre varios grupos armados, como los Comandos contra el frente Carolina
Ramírez de Farc-Ep, de acuerdo con el portal A la Orilla del Río, además de grupos
paramilitares.
Tal es la ausencia de
Estado que esos comandos, dijeron sus voceros a ese medio, tienen cerca de 1000
hombres, a cada uno de los cuales pagan $2 millones mensuales si son rasos y $5
millones a los comandantes, dinero producto del cobro a los cocaleros, pues
sostienen que no secuestran ni extorsionan.
Si miramos lo que sucede
en la Amazonia, donde en febrero hubo más de 1000 incendios que arrasaron 86
000 hectáreas, es señal clara del proceso de conversión de la selva en potreros y
en nuevas tierras para gentes del interior con mucho dinero. Una actividad que
no ha controlado el gobierno, cuya fuerza de choque para este fenómeno captura casi
siempre campesinos que no son los grandes causantes de la tala.
Por los cuatro costados
hay actores que en la práctica se han convertido en un ‘ParaEstado’, al que las
autoridades legales enfrentan desde hace años solo con envío de una fuerza
pública que ha sido poco efectiva y que termina con frecuencia en armonía con
uno o varios de los actores armados.
Una Colombia cada vez más
invivible y manejable.
Maullido: el presidente
Duque no ceja en su empeño de influir en las elecciones.
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