La extrema derecha y la
derecha no aceptan que alguien distinto ocupe el poder. En el pasado lo
impidieron algunos de ellos asesinando a candidatos presidenciales. Hoy la
forma es distinta pero el objetivo es el mismo: impedir que gobierne, y para ello
se valen de lo que sea.
Han incluso aprovechado
que los órganos de control están en su poder para atacar por todos lados al
presidente, incluso en temas que no les incumben. Fiscal Francisco Barbosa y
procuradora Margarita Cabello opinan de temas que no son de su resorte directo,
generando malestar.
La prensa, cuyos dueños
son potentados empresarios, se ha sumado y no como mandan los cánones del buen
periodismo, haciendo trinchera desde las secciones de opinión, sino desde la
propia información: tergiversando, con deducciones descabelladas,
malinterpretando y omitiendo las informaciones positivas, aparte de ocultar las
fuentes.
Es un ataque por todos los
flancos. En el país no hay condiciones para un golpe de Estado y aunque lo
propusieron muchos uribistas y opositores en los primeros meses, han optado por
un golpe de Estado blando, como lo llaman, para impedir gobernar.
Una cosa son las grandes
reformas que ha presentado el gobierno, las que, pese al desbordado y
equivocado optimismo de congresistas del Pacto Histórico, deben someterse a las
fuerzas democráticas en el Congreso, sabido es que ninguna sale como entró: ni
en salud, ni en lo laboral ni en lo pensional, pues es parte de la democracia,
y otra cosa es la mala leche con la que se juzgan anuncios diversos del
gobierno.
Caso aparte es el de la
vicepresidenta Francia Márquez, a quien no le perdonan ser negra y haber
surgido de la pobreza. Es el racismo en todo su furor contra ella, incluso de
miembros del Congreso. Y actuaciones por las que recibe toda clase de
improperios, fueron permitidas a otros funcionarios en gobiernos pasados, en
contundente demostración de racismo.
Lo que sucede lo había vivido
Petro a escala pequeña cuando fue alcalde de Bogotá. Entonces los medios se
dieron a la tarea de crearle mala imagen, de desprestigiarlo, de negar lo bien
que hizo y eso caló entre la gente.
Pese a todo, el gobierno
sigue adelante. Sí, las reformas deben ser discutidas y de pronto sufren más
recortes de lo que espera el gobierno, pero se trabaja en muchos otros frentes:
la legalización de tierras para campesinos, cifras históricas en el decomiso de
cocaína, impulso a la transición energética (que va más firme de lo que
sostienen detractores de la ministra Irene Vélez), los lineamientos para
algunos distritos mineros, para citar algunos.
Claro, otro tema de
discusiones álgidas es el de la paz total, sobre el cual hay muy diversas
opiniones y es lo natural para un asunto tan ambicioso, además de las
contradicciones propias en el gobierno, mas acá también ha habido inventos de
la prensa que han generado mucho ruido y esa es la idea de los opositores.
Es este el panorama: no
dejar gobernar. La oposición no se resigna a haber perdido el poder e intentar
recuperarlo por medios leales (difícil en política) o con base en propuestas. Pero
no, se ha centrado en descalificar de cualquier manera y en eso también se
apoya en las redes sociales, inundadas cada día con mensajes nefastos y
desproporcionados sobre nuestro futuro, una tragedia que no ven en el exterior,
como se percibe en declaraciones y mensajes de diferentes líderes y expertos.
Fastidia tanta mentira,
tanta falsedad de quienes se consideran los llamados a dirigir al país. Y
preocupa.
Maullido: en lo ambiental,
Medellín ha retrocedido cuatro años.
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