Otro grave problema para lo que pretende la reforma a la salud es la paz.
Difícil a hoy que cuaje la paz total como se ha querido, por las dificultades
con varios de los grupos violentos.
En conversaciones con médicos actuales y de la vieja guardia dicen que
casi nadie se irá para sitios lejanos. Hay anécdotas de centros de salud que
fueron remodelados, dotados y quedaron vacíos. Ningún profesional quiso ir a
esos lugares.
No es de extrañar por eso que 72 % de los especialistas trabajen en las
principales ciudades y solo 1 de cada 10 en zonas rurales.
Las informaciones de prensa y diversas entidades recuerdan que gran
parte del país sigue tomado por esos grupos. De Urabá lo recordaba hace pocos
días el conocido sacerdote Javier Giraldo. Un reportaje del The Washington Post
en el corazón del Clan del Golfo mostró cómo eran amos y señores de caseríos y
cabeceras no solo en esta región sino en el vecino Chocó, donde sabemos que la
atención en salud es demasiado precaria.
Lo sucedido en Putumayo con el asesinato de cuatro jóvenes indígenas por
disidencias de las Farc solo es un hecho más de la violencia impuesta en esa
región y en departamentos vecinos como Caquetá, Nariño y Cauca.
El domingo pasado el diario El Espectador mostró cómo el Clan del Golfo
es el amo camuflado de casi todos los Montes de María, con vigilancia activa no
solo en áreas rurales sino en las grandes cabeceras urbanas.
El atentado en Tibú que costó la vida de dos policías y una ciudadana civil
aterriza la realidad del Catatumbo, donde diversos grupos siguen disputándose
el predominio de la región cocalera, entre ellos el Eln que es además amo y
señor en departamentos como Arauca, la Serranía de San Lucas y sur de Bolívar,
mientras que el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño se lo pelea con varios grupos
delincuenciales.
Sí, tal como en el pasado antes del Acuerdo de Paz con gran parte de las
Farc, media Colombia está asediada por la violencia de los grupos armados y en
buena parte del territorio siguen siendo autoridad.
Van más de 35 masacres solo este año, fueron 92 en 2022 y solo en abril
pasado fueron asesinados 21 líderes, hechos en su gran mayoría en pueblos y
veredas.
Olvidémonos, así no llegará la salud a todas esas zonas. Difícil que
haya personal médico que se le mida a brindar atención en pueblos y veredas sin
protección, en las que quedarán como carne de cañón entre dos o más fuegos o a
merced de cualquiera de los actores violentos.
No se crea que son cuatro o cinco poblaciones ni unos cuantos pobladores
los que están en esa situación, que viene de años pasados y que cada vez
empeora. No, son muchos.
Mientras esta situación no se solucione no habrá reforma a la salud en
todos esos territorios pese a que llegar a ellos es uno de los objetivos que
persigue.
Si antes no hubo personal para trabajar allí, nada sugiere que ahora sí.
Esto independiente de la infraestructura física necesaria, hoy casi
inexistente en muchos de esos lugares cooptados por los violentos y cuya
construcción, adecuación y dotación tomará mucho tiempo, si es que se resuelven
los problemas de seguridad. (Esas carencias son un factor determinante para que
muchos profesionales de la salud no trabajen en pueblos y regiones más alejadas
de los grandes centros poblados).
Con la terminación de los precarios ceses al fuego y la opción militar
que muchos políticos y dirigentes urgen (si es que no se reactivan
conversaciones serias y productivas que hoy no solo no parecen cercanas sino
muy inciertas) la pacificación no estaría a la vuelta de la esquina y la salud…
tampoco.
Maullido: urge acelerar la transición energética y por eso no se
entiende que Enel tenga que dejar proyecto eólico en La Guajira.
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