¿Si el Consejo Nacional Electoral se extralimita y viola la Constitución
recibiendo aplauso cerrado de la extrema derecha y la derecha, qué puede
deducirse?
Seamos claros: a muchos colombianos y a no pocos dirigentes políticos y
empresariales de la derecha les gustaría ver no solo enjuiciado al presidente Gustavo
Petro, sino que su mandato terminara por decisión del Congreso.
Desde que asumió, la oposición ha sido cerrada y ha recurrido a toda
clase de estrategias, desde denuncias continuas ante las Cortes, saboteos en el
Congreso a los proyectos del gobierno, hasta un trabajo articulado de la prensa
para criticar y denunciar todo lo que haga Petro y ocultar o minimizar los
logros.
Hace varios meses dije que uno de los objetivos es borrar la Presidencia
de Petro de la historia nacional haciendo creer que no hizo nada y que todo fue
perjudicial para el país. Ahora se le quiere juzgar de manera anticonstitucional
para completar la faena de las derechas.
Lo que hizo el CNE, un órgano político, conformado entre otras por
magistrados de dudosa reputación y manifiesta animadversión contra Petro, pasó la
raya y tiene razón el presidente de denunciarlo ante el mundo.
El CNE no tiene competencias para investigar a Petro, sí a su campaña.
Si hubiera dudas o datos firmes contra él, la investigación debería correr por
cuenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. La intención es manifiesta: hacerlo
quedar mal ante un Consejo que no tiene competencias para llamarlo a
indagatoria.
Tan se quiere acabar con Petro, que la decisión ha sido celebrada hasta
por quienes son derechistas moderados, como Sergio Fajardo y Humberto de la
Calle, por citar dos.
Pero son muchos más que se llaman a sí mismos moderados los que han
alzado la voz en respaldo a la decisión anticonstitucional del CNE.
Llama además la atención que ya olvidaron que uno de quienes adelantó la
investigación contra la campaña, Álvaro Prada, es investigado por compra de testigos.
¡Hágame el favor!
Resulta ingenuo pensar que este, así como el nuevo presidente del CNE,
César Lorduy, miembro del partido adalid de la corrupción en el país, Cambio
Radical, el de Germán Vargas Lleras, no hayan recibido instrucciones de sus
jefes políticos para acusar al presidente.
O sea, es una decisión netamente política con las intenciones que he
mencionado. Se comprueba además en la voz unánime de respaldo a ella por los
partidos de las derechas, desde el Pacto Verde, hasta el Conservador y Liberal,
siguiendo en aquellos que se autodenominan los decentes de Colombia.
Entonces, como anotan tuiteros, se saltan la Constitución y se llaman
demócratas. Tamaña contradicción, enorme falsedad.
No son pocos los juristas y constitucionalistas reconocidos que han
advertido sobre la falta de competencia del CNE para llamar a indagatoria al
presidente, que en la práctica puede considerarse como el inicio de un golpe ya
no tan blando sino duro por quienes no soportan que el país sea gobernado por
alguien de la izquierda, que cortó los 200 años de gobiernos de derecha que han
sumido a Colombia en una terrible desigualdad.
Tanta la rabia, que el mismo Consejo de Estado, en otro exabrupto
jurídico, había dado vía libre al CNE para investigar al presidente. No
interesa no actuar en derecho, lo que buscan es juzgar y acelerar la
terminación del mandato popular de Petro.
Bien hacen el presidente y sus funcionarios en denunciar ante el mundo
lo que está sucediendo y muy acertada su decisión de no comparecer ante el CNE.
No se puede permitir que avance esta intentona.
Maullido: digan lo que sea, pero la salud sí está mal y crecen afiliaciones a prepagadas y
pólizas.
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