No puede ser menos paradójico que en el gobierno progresista que
defiende y lucha por los más necesitados, el sistema de salud hoy les niegue a
ellos, y a todos, una atención oportuna y la dispensación ágil de medicamentos.
No pasa semana sin que se denuncien problemas en citas, tratamientos y
medicinas. El gobierno, apoltronado en su inflexible posición de que se aprueba
la reforma que ha presentado, no atina a resolver la situación y los
indicadores han bajado bajo su mandato.
Pese a que están intervenidas casi la mitad de las EPS, las quejas ante
la Superintendencia Nacional de Salud aumentaron 36,82% entre 2023 y 2024, y
llegaron a un total histórico de 186.192 casos. Un crecimiento refleja la
dificultad para acceder a medicamentos, tratamientos y procedimientos
esenciales.
La organización Pacientes Colombia, en un sondeo que incluyó a 10.929
pacientes con más de 270 patologías, reveló que las principales afectaciones
recaen sobre quienes padecen cáncer, artritis, diabetes, hipertensión, VIH y
enfermedades huérfanas. Por eso aumentaron también las acciones de tutela por
negación de servicios: pasaron de 40.361 casos en el primer cuatrimestre de
2022 a 84.445 en igual período de este año.
Pese a intervenciones, la salud no ha mejorado. Crecen la mala atención y
el déficit del sistema. Este oscila, según la fuente que se consulte, entre 11,
16 o 19 billones y eso deja en claro que el problema es estructural, que los
recursos han sido insuficientes, pero que el gobierno no quiere poner más.
Sobre la unidad de capitación los distintos actores han dicho que no es
suficiente, mas el Minsalud ha insistido con vehemencia que sí lo es. Ojalá la
asignación para 2025 no se realice con base en la negada Ley de Financiamiento
y el problema siga aumentando y sea mucho menos de lo esperado por el sector. (Hay
que aclarar que el gobierno destinó recursos para el aseguramiento en atención
primaria y equipos territoriales, un avance, aunque no resuelve el grave
problema del sector).
Ante la crisis financiera, el gobierno ha respondido que se han robado
la salud. El último caso son las denuncias de la Superintendencia de Salud
sobre un desvío de 200 billones de la EPS Coosalud, una denuncia que hoy deja
muchas dudas. Pero esa ha sido la respuesta. Sin mayores bases se cree que si
el dinero lo maneja el Estado no se perderá, cuando estamos llenos de casos de
corrupción de funcionarios del Estado.
Para generar más caos, resulta difícil conocer cifras exactas sobre el
sistema y su estado actual, pues cada quién maneja las suyas. En redes sociales
imposible el debate pues hasta usuarios reconocidos limitan la discusión a un
hospital en precarias condiciones para afirmar que es producto del robo al
sistema y de la necesidad de la reforma, insistiendo de modo errado en que con esta
no habrá demoras en citas de médico general ni de especialistas y que los
medicamentos se entregarán a tiempo, cuando una simple operación matemática y saber
la forma como operan las farmacéuticas muestran que no es así. Un nivel muy bajo de discusión, pero genera mucho
ruido.
En una parte de la opinión pública y de los analistas está arraigada la
creencia de que el gobierno ha tratado de desbarajustar más el sistema para
justificar su reforma, que tanto en el primer proyecto como en el actual deja
serias dudas sobre varios temas, como el financiamiento.
Mientras, ciudadanos enfermos y necesitados de atención empeoran. Así,
aumentará el número de muertos anónimos, esos que tienen nombre para sus
familias pero que no quedarán en las estadísticas ni para nadie más como fallecidos por la demora
en la entrega de medicinas o el retraso en citas e intervenciones urgentes,
muertos que el sistema y el gobierno nunca reconocerán.
Maullido: negar la Ley de Financiamiento es negar que cientos de miles de colombianos reciban atención del Estado. Eso hizo el Congreso al negarla.
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