Que la Nueva EPS sea la que más quejas reciba de los usuarios (339 494
de diciembre de 2023 a noviembre 2024) y una de las que más adeuda a los centros
asistenciales, una EPS que está intervenida por el gobierno, muestra a las
claras que el sistema de salud ha empeorado en este gobierno y que no se trata
de un saboteo de las privadas.
(La Clínica UPB acaba de cortarle servicios porque le adeuda $40 000
millones).
Casi desde su origen el sistema ha estado desfinanciado. Pasaron
gobiernos y ministros y ninguno fue capaz de agarrar el problema por donde era
y se limitaron a ponerle unos tanques de oxígeno para que viviera con
respiración artificial.
Entre 2023 y 2024, mostró la Defensoría del Pueblo, las quejas
por deficiencias en el servicio aumentaron 75 %. Y la mayoría de las EPS están
intervenidas por el gobierno, otro ejemplo de cómo se agudizó la crisis desde
2022. Aumentaron en ocho de las nueve tomadas por la Supersalud.
¿Por qué? Sencillo; porque el sistema siempre ha estado desfinanciado,
no se le ha metido dinero suficiente y estos dos años se fueron con la pelea
entre gobierno y oposición en el Congreso por una reforma que desde su comienzo
nació coja, porque la pretensión desde la campaña presidencial era acabar con
las EPS, con el argumento de que se estaban robando el dinero y no prestaban un
buen servicio.
Para nadie es un secreto que el sistema de salud tiene para mejorar. No
es perfecto. Es muy cierto que se descuidó la atención primaria y que no se
atiende como debe ser a las regiones de las periferias de muchos departamentos.
También que la red publica hospitalaria está en mal estado, pero nadie ha
tratado de remediarlo en todos estos años.
Hoy persisten las deficiencias en las citas para médicos especializados
(no hay suficientes), en el acceso a otros servicios básicos y en la no entrega
de medicinas en varios departamentos, con el agravante de que, dijo la
Defensoría, ya ni les hacen caso a las tutelas.
Sí, mucho dinero se han robado en el sistema, aparte de haber destinado una
parte a gastos que no eran objeto de salud ni de las propias EPS, pero ha sido
un mal por parejo de entidades públicas y privadas. El Estado ha sido incapaz,
aún hoy, de vigilar y controlar con eficiencia los recursos.
Para ambientar la necesidad de la reforma, con periodicidad surge una
investigación de la Supersalud denunciando malversación de dineros en alguna
EPS o problemas en la entrega de medicinas por algún agente intermediario.
Informes chuecos, mandados a hacer, porque no se han traducido en denuncias
ante Fiscalía (salvo esta semana sobre la publicada visita a una bodega de
Audipharma y habrá que ver el resultado).
Mientras todo esto ocurre, van dos años de tira y afloje con un Congreso
dominado por la oposición que no cree en la reforma, como no creen diversos
gremios del sector y expertos en salud.
Y acá va lo otro: el presidente Gustavo Petro, ante la posibilidad de
que la reforma se hunda de nuevo, anunció que hará una parte con decretos y reconoció
que se perdió mucho tiempo.
Pero el fondo del problema no se resolverá: más dineros. Se ha negado el
gobierno a ello, al punto de que la misma Corte Constitucional obligó a revisar
la UPC, ese dinero que se le paga a las EPS por cada usuario.
No me queda la duda de que el mismo gobierno, con el Ministerio de Salud
a la cabeza, ha asfixiado al sistema tratando de mostrar la necesidad de su
reforma y por eso los indicadores han empeorado en estos dos años, además de
haber crecido la deuda al sistema (un ejemplo: entre 1.6 y 4 billones en
medicamentos, según sea la fuente).
Que se modifiquen o no las EPS, que se acaben si quieren, pero con los
recursos actuales ninguna transformación será exitosa.
Maullido: algunos dicen que existe el centro, si es así, ¡qué carencia de
propuestas!
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