Hay mucha algarabía por estos días por la Consulta Popular del gobierno
de Gustavo Petro para que la ciudadanía se pronuncie sobre derechos laborales, derechos
que les fueron arrebatados hace dos décadas largas por el gobierno
proempresarial del derechista Álvaro Uribe Vélez.
Hechos, como pasa cada semana en este país sufrido, que impiden ver el
bosque y hace que el tiempo se vaya pasando sin cambios sustanciales.
No fue el de Petro el gobierno del cambio que tanto se esperaba, porque
la corrupción se mantuvo bien viva, la voracidad fiscal siguió rampante, el
Congreso y los políticos mantuvieron su postura extorsiva (lo recordaba William
Ospina) y el Estado es tan ineficiente hoy como antes. Con decir que media
Colombia sigue olvidada.
Es cierto que más de 250 000 personas salieron de la pobreza multidimensional
el año pasado, y cómo no va a ser logro que cientos de miles de compatriotas al
menos puedan comer. Pero seamos claros: no tienen acceso a una educación y a
una salud de calidad, sus viviendas son precarias y asentadas en sitios de alto
riesgo, carecen de recreación adecuada y su acceso a la cultura es casi nulo.
También es cierto que el desempleo se ha reducido, pero que fue gracias
a que aumentó el empleo informal, ese que no garantiza los mínimos derechos a
las personas y hace que su vida solo sea de supervivencia.
Este es un Estado no solo ineficiente sino corrupto. No pasan días sin
que se denuncien nuevos hechos. La Contraloría acaba de denunciar irregularidades por
$223 000 millones en el Caribe. ¿Qué significa? Que proyectos de vivienda
rural, pavimentación y unidades de salud quedaron en el limbo mientras algunos
gozan del dinero que debía ir a solucionar dificultades ciudadanas.
Hace unos 10 años, en su libro Por qué fracasan los países, los hoy nobeles de Economía, Daron Acemoglu y James A. Robinson escribían que “Nuestra
teoría sugeriría que es muy poco probable que haya crecimiento económico
sostenible en Colombia”.
Es que como exponen, países sin instituciones fuertes y sin un Estado
central sólido conducen a la rapiña por los recursos, que se traduce luego en
una rapiña por el poder y se frena la seguridad inversora. No nos digamos mentiras: eso ha sido común en los
últimos gobiernos, con la tristeza de que el actual prosiguió por el mismo
camino.
Como se requiere organizar la componenda electoral, se presenta ley de transfuguismos; como las decisiones del Consejo de Estado hacen daño, se busca que no pueda castigar la doble militancia. Y así podríamos seguir: medidas para beneficio del gobernante y de la clase política que se ha robado este país casi desde antes de expulsar a los españoles.
Convenzámonos: la política colombiana, incluso hoy 2025, está hecha para
beneficiar a grupitos y sectores minoritarios e impedir que eso cambie. Aún hoy
se negocia con dinero con el Congreso, se nombran funcionarios por amiguismo y
no por capacidades, y se beneficia al rico y poderoso.
¿Entonces? Sí, ha habido mejoras en el modo de vida de un sector de la
población, pero los grandes problemas que impiden que el progreso llegue a
todas partes y a todos persisten y no hay asomos de una solución, porque esta no
solo depende de un gobierno ni de una línea ideológica.
Sigamos pues creyendo que como vamos, vamos bien. Es
que ante tan cruda realidad parece mejor seguir mirando el árbol y no el bosque,
y creer que los hechizos de cualquier duende nos sacarán de este monumental atasco.
Los nobeles siguen teniendo razón.
Maullido: estamos sufriendo los embates de un fuerte invierno debido al
cambio climático, pero ya nadie habla de eso. Parece que Trump los calló a
todos.
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