Dará mucho para hablar y
analizar sobre la propuesta reforma a la salud del gobierno Petro. Tras mirar
el articulado, surgen muchas inquietudes que hoy no tienen respuesta clara más
allá de confiar en que todo saldrá bien y sin traumatismos.
Hay que reconocer que el
estado de la salud no se puede medir por casos particulares: si a mi mamá le
fue bien en su IPS y la EPS le autorizó el tratamiento o la cirugía o si le
negó todo o lo aplazó. Tampoco por el número de tutelas demandando un servicio,
porque también hay cifras dicientes de personas atendidas con lo que
necesitaban y de manera oportuna.
El tema es más profundo y
de ahí la reforma, propuesta desde campaña, que ahora se concreta en el
proyecto radicado en el Congreso. Lo primero para decir es que más que una
reforma, es un cambio total a la forma como se presta el servicio en el país.
Hoy el sistema contempla
Empresas Prestadoras e Instituciones Prestadoras, población subsidiada y
contribuyente. Aunque se debatió mucho y al final se dijo que las EPS no
desaparecerían, en la práctica la propuesta les quita dientes y quedan
moribundas
Las personas estarán
cubiertas no por instituciones sino según un enfoque territorial. Además, todos
los miembros de la familia deberán estar en el mismo Centro de Atención
Primaria y si alguien requiere atención especializada será remitido a las redes
de servicios, como hospitales y clínicas.
Se extenderá la medicina
preventiva a todas partes, atendiendo población sin salud en las áreas rurales (más
de 8 millones de colombianos) y en las urbanas que han carecido de este
servicio. Pero serán médicos generales. Especialistas no hay para andar
recorriendo casas y tampoco los hay para todas las disciplinas en todos los
hospitales. Tampoco les gusta a los médicos irse a vivir a áreas alejadas, una
realidad cultural.
Es que ese es otro asunto
que no resuelve la reforma: los especialistas. Se sabe que los colegios y
gremios médicos en particular limitan el número de médicos que pueden
especializarse cada año. Así, logran que el valor de las consultas sea alto,
porque si alguien recurre por su cuenta a estos profesionales hoy debe pagar
entre $250 000 y $500 000, inalcanzables para más del 80 % de la población
(además de que hoy la evasión de impuestos es alta en estos médicos, que exigen
pagar en efectivo). Y el Ministerio de Educación igualmente pone trabas para
que se formen siquiera unos pocos especialistas más.
El manejo de los recursos estará a cargo del Adres, como un banco central, con seccionales en los departamentos, una entidad que ahora es acusada de frenar recursos para las EPS y de estas para los hospitales y centros asistenciales.
La reforma no terminará
tal cual fue presentada al Congreso. Recibirá su ‘peluqueada’ y se
complementará, porque pese a la insistencia oficial en que es el pueblo el que
quiere el cambio, los que aprueban son los congresistas según el
establecimiento democrático.
Habrá tensas negociaciones
y concesiones de lado y lado, porque hay muchos intermediarios interesados y
afectados y mucho dinero e infraestructura de por medio.
Hay muchas voces que no
sienten necesaria una transformación radical del sistema, algunos quieren que
se mejore. Para que salga con la esencia de lo presentado por el gobierno se
requerirán mayorías sólidas, aunque ya algunos aliados del gobierno se han
expresado contra la desaparición de las EPS, por ejemplo.
A vuelo de pájaro, surgen muchas
preguntas y quedan muchas dudas.
¿Cómo lograrán crearse
tantos nuevos centros de atención en pocos años y con qué recursos?
¿Cómo se asegura el
traslado eficiente de la información de cada paciente, de su historia clínica,
sabiendo la complejidad tecnológica que implican decenas de millones de
historias? (Volver a matricular a 50 millones de usuarios). Recordemos el
hackeo a bases de EPS y cómo hasta en un cambio menor, el del Seguro Social a
Colpensiones, se perdieron decenas de miles de historias laborales.
¿Cómo se afectarán en el
proceso personas con enfermedades crónicas que reciben atención periódica como
quimioterapias y medicamentos contra el cáncer a pesar de que la propuesta
establece un mecanismo de transición? ¿Cómo en el momento de la transición se
afectarán las cirugías programadas? ¿Cómo continuará la entrega de medicamentos
en este proceso, sabiendo que muchos no pueden suspenderse ni por pocos días y
que continuamente escasean?
¿Qué pasará si no me
gustan los médicos ni el servicio de mi centro de atención (entre otras porque
la mediocridad en los profesionales de la medicina también es aterradora, tal
como en otras profesiones)?
¿Ante la falta de
especialistas (déficit que persistirá por muchos años) y la deficiente dotación técnica en hospitales, se podría
terminar recetando lo mismo de hoy: acetaminofén?
¿Cómo será el manejo de la
Nueva EPS, que deberá asumir 11.4 millones de colombianos atendidos por las EPS
que se liquidarán y hoy es una de las EPS que más dinero adeuda a los
hospitales y clínicas?
¿Qué pasará con la
medicina prepagada al quedar sin dientes las EPS? ¿Se encarecerá? ¿Habrá migración
hacia ella?
¿De dónde saldrán tantos
recursos para sostener el nuevo sistema?
Son inquietudes reales.
Por ejemplo: a pesar de que el proyecto habla de no suspender ni tratamientos
ni medicinas sabemos que estamos en Colombia, donde cualquier cosa puede pasar
sin que se responda.
Las dudas son muchas más,
entre otras porque no existe sistema perfecto ni el planteado tiene poderes
divinos.
Lo cierto es que habrá
tema para muchas semanas y meses, mientras se discute y aprueba. Ojalá la
reforma, con las modificaciones que se realicen, sea para bien, porque la salud
es un derecho y hay que respetarlo. Y no hay solo una manera de lograrlo.
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