En este país la vida se repite y cada año hay que volver sobre lo mismo.
Hace un año se declaró la emergencia para Catatumbo y todo sigue casi igual. Ni
el dinero prometido ha llegado ni los grupos armados han retrocedido y la
expulsión de ciudadanos sigue.
Dice El Espectador que “Aunque el Ejecutivo adicionó COP 2.768.000
millones al Presupuesto General de la Nación para atender la crisis humanitaria
derivada de la guerra entre el ELN y el Frente 33, a corte de esa fecha el
Gobierno solo había ejecutado el 54,6 % de los recursos comprometidos en el
marco del estado de conmoción interior en el Catatumbo, según el informe
oficial de seguimiento” (el corte fue julio pasado).
Es decir, parte de la respuesta del Estado a esta delicada situación terminó
en lo mismo de siempre: palabras, palabras, recursos anunciados, proyectos y
contratos en el aire. Y todos tan orondos.
Antes había sido El Plateado en Cauca, una toma militar que nunca se consolidó,
al punto de que si se van los militares al otro día regresan los armados. La
presencia del Estado no es sólida hoy tampoco.
Guaviare también estalló. Vivió meses de calma tras la firma de los
Acuerdos de Paz, pero poco a poco la violencia se ha apoderado de la región y
grupos armados se disputan las economías ilegales sin que el Estado haya podido
imponer el orden y devolver la tranquilidad y el dato lamentable más reciente
son los 26 muertos en enfrentamientos entre disidencias.
Es tal el abandono, que Caracol Radio mostró cómo existe una carretera
ilegal entre Caquetá y Guaviare por donde se mueven droga, armas y grupos ilegales
y narcotraficantes sin que el Estado se haya dado cuenta o intervenido. Una
carretera que no se construye en dos meses.
Un abandono eterno de las regiones periféricas que no se rompe con
palabras ni buenas intenciones. El Estado colombiano está ideado de tal forma
que impide la presencia continua y oportuna en todo el territorio y la atención
de las necesidades ciudadanas. Es incapaz de llegar a todas partes porque está
concebido para atender la centralidad, donde se mueven los políticos, las
influencias y la economía, aparte de la negligencia repetida de funcionarios
que poco interés tienen en esas otras regiones.
No es asunto nuevo, Es de toda la vida. No solo son el Catatumbo y
Guaviare. Chocó solo concentra la atención cuando ocurre una tragedia o se
presenta un paro armado. Así ha sido siempre y los irregulares controlan
extensas zonas del departamento, incluidas las principales vías: los ríos.
Hasta mediados de 2025 iban tres paros armados que confinaron a decenas de
miles de chocoanos. Y todos tan felices.
Si bien el gobierno de Iván Duque le dio un portazo a los Acuerdos de
Paz y permitió el resurgimiento de los grupos armados, la paz total del
gobierno Petro ha permitido que aumenten su presencia por ese mismo abandono.
Al Catatumbo, contrario a las voces oficiales, el Eln no llegó hace 14 o
15 meses. Ese grupo ha tenido actividad allí hace lustros. Él y otros se nutren
del narcotráfico con extensas áreas cultivadas con coca, cultivos que llevan
también lustros, como recalcándoles a las autoridades que poco o nada han hecho
para mantener presencia activa del Estado atendiendo las necesidades de los
pobladores, que pocas opciones tienen en zonas coqueras o que viven en otras
partes a merced de lo que dispongan los violentos.
Hace un año en Catatumbo más de 1000 niños están desescolarizados por
los enfrentamientos entre ilegales que no cesan. Este año tampoco volverán a
clases porque nada ha varado: los violentos imponen su ley mientras el Estado
mira de lejos con tímidas acciones.
Cuánto se ganaría si un gobierno se dedicara no a confrontaciones
inútiles o a programar más de lo mismo sino a idear cómo retomar ese país al
que casi nunca asoma el Estado; cómo hacer presencia permanente más allá de las
botas militares: cómo tener oficinas e inversiones continuas y no ocasionales movidas con frecuencia al vaivén de protestas ciudadanas.
Mientras esto no se tome en serio, esas regiones seguirán abandonadas y
en manos de grupos ilegales.
Maullido: buena idea esa, que el gobernador de Antioquia haga una vaca
para pagarles a los honorables del Congreso esa prima que ahora en buena hora
no se les otorgará más.
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