El orden público no va bien y eso hay que reconocerlo. Los informes de diversas entidades que trabajan el tema desde distintos ángulos así lo confirman. Hoy resulta imposible tapar el sol con las manos, así sea sepulcral el silencio de miembros del gobierno y sus seguidores, que resolvieron callar el tema.
La paz total hace agua y crecen sus problemas casi al ritmo de cada nuevo mes.
El asunto es bien complejo. Siempre será mejor una paz, así sea mal firmada,
que la mejor de las guerras y en eso que habrá que insistir, pero, claro con
ciertas condiciones.
Hasta hoy, la paz total fue aprovechada por los grupos delincuenciales
(hoy es casi imposible hablar de insurgentes en el país) para aumentar sus
efectivos. Bien sea por inacción parcial de las Fuerzas Armadas, bien por
simular una voluntad de paz mientras iban reclutando más y más personas.
El dato de la Fundación Conflict Responses es que pasaron de 13 000
miembros en 2018 a 27 000 en 2025. Ese crecimiento comenzó en el gobierno de
Iván Duque y se aceleró en el actual.
Los grupos que más crecieron han sido el Ejército Gaitanista de Colombia
(EGC o Clan del Golfo), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), el Estado
Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), según datos de finales de 2025.
Obvio, con el aumento de efectivos la violencia se recrudeció. La Cruz
Roja acaba de publicar su informe en el cual resalta que 2025 dejó el peor
impacto humanitario de la guerra en una década.
Y citemos unos pocos pero dicientes datos: Al menos 322.688 personas se
desplazaron en 2025, también subió en un 34% el número de muertos y heridos por
ataques con artefactos explosivos como drones. Al menos 235.619 personas fueron
desplazadas de manera individual (aumentó 100 %) y otras 87.069 salieron de sus
territorios en casos de desplazamiento masivo (111 % más que 2024), una degradación
acelerada de la situación humanitaria. Los confinamientos crecieron 99 % con
176.730 personas afectadas.
El organismo documentó 308 nuevas desapariciones relacionadas con el
conflicto armado, un 22 % más que en 2024 y 65 casos de desaparición de menores
relacionados con reclutamiento en cinco departamentos donde tiene presencia.
Nada detiene esta ola de violencia. En solo cinco meses de 2026, se
registran ya 52 masacres, la cifra más alta en una década.
A la paz total le faltaron reglas claras desde el comienzo. Bien decían
militares que era difícil enfrentar esos grupos porque no se sabía cuál podía
estar en proceso de diálogo y cuál no. No hubo inmediatez en las
concentraciones de quienes deseaban someterse. Sí, pero no, parecía la
respuesta de varios grupos armados. El avance territorial nunca se detuvo y el
panorama hoy es más complicado, porque incluso al final del gobierno se
anuncian nuevas zonas de ubicación de grupos ilegales.
Hay que apostarle a la paz, aunque no será fácil. He sostenido que
mientras la droga sea buen negocio, diversos grupos seguirán operando. Además,
se añade otro factor que dificulta cualquier sometimiento: la bonanza del oro.
El Estado, hoy como ayer y siempre, ha sido incapaz de controlar el
territorio y oro se está extrayendo de manera ilegal -a un altísimo costo para
la naturaleza y las comunidades- en todos los puntos cardinales. Es la nueva
fuente de financiación y ganancias, mucho más que las drogas según algunos
expertos.
Nada indica que de acá hasta finales del gobierno la situación tienda a
mejorar. ¿Rehará la paz total el nuevo gobierno o se vendrá un feroz contrataque
de las fuerzas del orden, con todo lo que esto implicó en el pasado? ¿Puede
haber un punto intermedio?
Maullido: toca fondo la salud. La crisis del Hospital Alma Mater es
terrible, un duro golpe a sus miles de pacientes.
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